Ayer mismo, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para poder consensuar un documento sólido que permita a los estudiantes volver a las aulas con un protocolo más o menos común. Marina Lombó, la Consejera de Educación del Gobierno de Cantabria ha explicado este viernes en “Herrera en COPE” que el gobierno cántabro, el 7 de agosto “ya tenían publicado un protocolo riguroso que recogía estas medidas, ahora reflejadas en este documento”.
Ha afirmado que ya en su protocolo “constaban las mascarillas a partir de seis años, recomendación a los más pequeños de llevarla y priorizar la presencialidad” en las aulas. Por su parte, ha añadido que, para ellos, era “recomendable en el colegio” y siempre “obligatoria en el transporte escolar”. Según la consejera de educación, “Cantabria fue la primera en hacer obligatoria la mascarilla” y ha admitido que es un buen acuerdo, ya que “en una materia como la educación”, son medidas muy importantes “para las familias”. Si bien es cierto que hay algunas medidas que aún no estaban resueltas porque dependían del ámbito sanitario, Lombó ha afirmado que muchas de esas cuestiones se resolvieron tras la reunión de ayer.
Sobre las PCR, ha afirmado que no van a hacerse “de forma generalizada”. Se va a tomar la temperatura a los alumnos y ruegan a los padres “que si ven que sus hijos tienen sintomatología, no los envíen al colegio”. Se pide “una declaración responsable” a los padres para garantizar aquellos que no puedan hacerlo, “tomar la temperatura en los colegios”, ya que el objetivo de los centros educativos es continuar con el protocolo.
Sobre la digitalización de los centros, ha afirmado que la situación es “mucho mejor que en marzo” cuando cerraron los centros y ahora mismo se encuentran en mejores condiciones “de disponer de una situación digitalizada”, ha declarado. En el caso de que un padre decida no llevar a sus hijos por miedo al contagio, ha querido recordar que los colegios “están preparados” para afrontarlo y abordarlo.
Finalmente ha admitido que el cierre de un centro educativo “se va a valorar en supuestos de transmisión descontrolada” que pueda poner en riesgo la salud pública. Ha querido recordar que, en el fondo, los centros no los cierra la Consejería de Educación, sino a propuesta “de Salud Pública con previa comunicación al Ministerio de Sanidad”, ha concluido.