El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa ha pasado por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ tras declarar este jueves ante la juez argentina Servini, que instruye la causa en la que se le acusa de delitos de lesa humanidad. Martín Villa ha explicado que la causa se remonta a sucesos acaecidos durante los primeros gobiernos de Adolfo Suárez: “Comienza cuando yo era ministro de Relaciones Sindicales, por cinco muertos en una manifestación en Vitoria”.
Martín Villa ha señalado que ante la juez reivindicó la importancia de la Transición en España: “El Gobierno de la Transición no éramos un Gobierno democrático, pero tuvimos mucho que ver con la llegada de la democracia”. También la importancia que tuvo este proceso en la llegada de la libertad: “Si algo no pudo haber en la Transición es un genocidio. La Transición fue todo lo contrario”. Para defender su causa, Martín Villa ha pedido ayuda a ministros de otros países que vivieron épocas similares a la suya: “He pedido la ayuda del primer ministro del Interior chileno tras Pinochet y el primer ministro del Interior portugués democrático”. Tras la declaración, el escenario penal queda abierto: “Desde el punto de vista procesal, la juez Servini tiene dos posibilidades: una, exonerarme. La otra, iniciar el proceso”.
Martín Villa ha lamentado el juicio paralelo mediático al que está sometido: “Cuando uno está en política no tiene presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad”, y ha recordado que los hechos que se juzgan se remontan a los años 70: “Son sucesos de hace más de 40 años, yo ahora tengo 86. Si el proceso se alarga seis años más, no sé cómo llegaré”.
Sobre la posición de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, Rodolfo Martín Villa ha señalado que aunque él se somete a la Justicia de Argentina “soy contrario a la corrección que ha hecho Delgado. Creo que la circular de la señora Madrigal era la justa. Yo no me he querido amparar en la ley de Amnistía, pero me parece desacertada la iniciativa de la Fiscal”.
Martín Villa ha explicado lo que habría defendido si él fuera ministro: “La posición que yo hubiera mantenido es que los hechos han prescrito y la ley de Amnistía está vigente. La ley de Amnistía se hizo para amnistiar a los terroristas y para proteger a los funcionarios públicos” y ha recordado que esta le sirvió para dejar en libertad a miembros de grupos terroristas como ETA: “Si la ley de Amnistía no se aplicara, las víctimas del terrorismo pedirían que se anulara la libertad de los muchos terroristas que estaban en prisión cuando se aprobó”.
